Sobre la tarifa de aguas subterráneas

Por: Raúl Villacorta

Fuente: Diario Gestión

Recientemente, la Sunass ha publicado un Proyecto de Estudio Tarifario para el Servicio de Gestión y Monitoreo del Uso de Agua Subterráneas brindado por Sedapal. Esta decisión tiene como objetivo promover un manejo eficiente, seguro y sostenible del agua subterránea.

A pesar de que este objetivo resulta completamente válido como medida para promover la sostenibilidad de las aguas subterráneas, la metodología aplicada por Sunass para el cálculo de la tarifa es cuestionable desde un enfoque técnico. Las ineficiencias que presenta Sedapal a nivel operativo son conocidas, y determinar una tarifa a partir de sus costos operativos, gastos e inversiones podría terminar subvencionando estas ineficiencias. Al respecto, los costos considerados en la estructura tarifaria de la Sunass incluyen cerca del 80% de los costos asociados a las inversiones en la Planta de Huachipa, a pesar de que esta planta se encuentra operando sólo al 22% de su capacidad.

Por otro lado, si consideramos que en la actualidad alrededor del 36% de la producción de agua de Sedapal se “pierde en el camino” durante el proceso de distribución, se podría inferir que existe alguna relación entre la sobreexplotación de las aguas subterráneas y las ineficiencias en el proceso de distribución de Sedapal. Sumado a ello, la exclusión de los usuarios de pozos clandestinos en el cálculo de la tarifa genera que parte de los costos atribuibles a los usuarios informales – los cuales representan alrededor del 23% de la capacidad del acuífero de Lima – sea pagada por los usuarios formales sujetos a cobro. Como consecuencia, los incentivos a mejorar la fiscalización en el segmento informal son prácticamente nulos.

Finalmente, la estructura tarifaria planteada por SUNASS determina que un amplio grupo de usuarios con altos niveles de consumo pague una tarifa subsidiada. Así, el 91% del consumo de los usuarios subsidiados – residenciales y estatales – corresponde a rangos superiores a 1,000 metros cúbicos de agua al mes, siendo alrededor del 83% de este consumo correspondiente a usuarios estatales.

La propuesta tarifaria es positiva per se, así como también los principios sobre los cuales se sustenta. Sin embargo, bajo la situación actual, los resultados de su aplicación podrían verse perdidos entre las ineficiencias de las EPS y la informalidad en el consumo de aguas subterráneas. Por ello, antes de establecer la tarifa propuesta, es necesario dar solución a problemas de carácter más urgente: promover mejoras en la eficiencia de las EPS, formalizar el consumo de aguas subterráneas y racionalizar el cobro por el uso intensivo en todos los segmentos que aprovechan este recurso.

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