Los organismos reguladores y la OCDE

Por: Gonzalo Ruiz

Fuente: Diario Gestión

El contar con servicios de agua, energía, telecomunicaciones e infraestructura de transporte de calidad y con una cobertura adecuada, constituye un objetivo ineludible para cualquier país que aspire a ser desarrollado y que desee promover igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos.

Ello pasa, entre otros aspectos, por contar con una institucionalidad que garantice un equilibrio adecuado entre asegurar la sostenibilidad económica de los servicios públicos, incluyendo un retorno adecuado para las inversiones y, a la vez, garantizar el derecho de los ciudadanos a tener servicios de calidad.

El marco institucional peruano, introducido hace más de veinte años, con agencias independientes que cuentan con facultades reguladoras, normativas, supervisoras y de solución de controversias; ha sido sin duda una de las piedras angulares del sistema de promoción de las inversiones en infraestructura del país.

Los reguladores fueron dotados con autonomía técnica y administrativa del Poder Ejecutivo a fin de aislar su labor de cualquier injerencia política y afectación de su labor imparcial. Dicha autonomía les ha permitido convertirse según muchos en “islas de modernidad” con prácticas de buen gobierno tales como la prepublicación de iniciativas, la realización de consultas públicas, la elaboración de matrices de comentarios, análisis costo-beneficio de las normas, entre otras.

De acuerdo al reporte “Regulatory Policy in Peru” de la OECD,  los reguladores ofrecen estándares de transparencia y rendición de cuentas más avanzados comparados con los que exhiben el resto de instituciones del gobierno central.

No obstante ello, durante los últimos años, se observa que los reguladores han venido atravesando por un gradual proceso de debilitamiento. Con el crecimiento del mercado y las mayores responsabilidades asignadas, algunos de ellos han venido enfrentando problemas de financiamiento. Asimismo, desde que en el año 2006, el gobierno de García congelara los salarios del sector público, los reguladores han venido enfrentando dificultades para retener y atraer el talento. Ello se ha visto agravado, frente a los límites impuestos por las normas presupuestales y la transición a la llamada “Ley Servir”, a la capacitación de sus funcionarios.

Durante los últimos años, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso ha discutido diversas iniciativas legislativas sobre el fortalecimiento de los organismos reguladores. Sin embargo, ninguna llegó a ser agendada para discusión en el pleno.

En la actualidad, dicha Comisión viene discutiendo una nueva propuesta que esperamos pueda traducirse en un verdadero fortalecimiento de la institucionalidad regulatoria. Para ello sería importante recoger algunas de las oportunidades de mejora identificadas por la OCDE. Entre ellas: fortalecer la independencia de los reguladores en relación a la definición de su organización interna, asegurar su adecuado financiamiento, perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas y sofisticar más su análisis de impacto regulatorio.

Los organismos reguladores y la OCDE