Editorial: ¿Reconstrucción sin cambios?

La salida de Pablo de la Flor de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios retra-saría seis meses el inicio de las obras.

El 27 de octubre, Pablo de la Flor presentó su renuncia a la Dirección Ejecutiva de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARC). Esto ocurrió luego de los desencuentros públicos que mantuvo días antes con las autoridades regionales de las zonas afectadas, donde algunas de ellas fueron las que insistieron en solicitar su renuncia.

El problema nace por los reclamos de la población frente al escaso avance en obras concretas de reconstrucción que razonablemente preocupan a los ciudadanos del norte del país, quienes ven de manera inminente el inicio de un nuevo periodo de lluvias. Estos reclamos, el inicio del último año de gestión de las autoridades locales y el comienzo de la campaña electoral en regiones y municipios, enrarecieron el clima alrededor de la reconstrucción. Por un lado, las autoridades regionales, tratando de preservar algo de capital político, reclamaban mayor celeridad a nivel de decisiones políticas del Gobierno Central; mientras tanto, desde la ARC se explicaban los retrasos por la falta de capacidades de los funcionarios locales. La balanza se inclinó por aceptar la renuncia de De la Flor y ahora el objetivo es que a partir del nombramiento de Edgar Quispe se logren recomponer las relaciones en torno a este tema.

Sin embargo, más allá del cambio y de la anécdota mediática que pueda generar a corto plazo, el manejo que hasta ahora ha llevado el Gobierno sobre el proceso de reconstrucción invita a algunas reflexiones de fondo.

Primero, el arreglo institucional adoptado por la ARC fue diseñado para no cometer los mismos errores que el Fondo para la Reconstrucción del Sur (Forsur). Para ello, siguiendo prácticas internacionales se creó una autoridad especial, con capacidad de tomar decisiones y con la responsabilidad de liderar el proceso, subordinada a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a su directorio presidido por el Premier y conformado por los responsables de las carteras de Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, Agricultura y Riego y Vivienda, Construcción y Saneamiento. Este es un diseño razonable que desde este editorial habíamos saludado en su oportunidad al generar márgenes de acción adecuados para un equipo compuesto por profesionales competentes en lo técnico y un liderazgo proactivo y ejecutivo.

Segundo, desde un comienzo advertimos que el principal reto correspondía al Sistema de Contrataciones del Estado. Si bien se había facultado a la ARC a utilizar regímenes simplificados de contratación, estos seguían siendo engorrosos y difíciles de administrar. Por un lado, su complejidad impide el control de prácticas corruptas o anticompetitivas. Por otro, su escasa claridad genera temor entre aquellos funcionarios honestos, sobre todo en el contexto de los antecedentes dejados por la Contraloría en otros proyectos. Por ello, en coordinación con la nueva Contraloría, se diseñó un esquema de acompañamiento preventivo y no sancionador sobre la base de recomendaciones no vinculantes en el marco del proceso de contratación. Sin embargo, sin cambios mayores a nivel del sistema de contrataciones, el acompañamiento de la Contraloría puede hacer poco para acelerar el proceso, limitando sus efectos a construir una curva de aprendizaje posiblemente más larga que la programada originalmente. Caso contrario, la mayoría de retrasos no hubiera tenido como denominador común algún cuello de botella no resuelto de manera expeditiva en el proceso de contratación.

Tercero, las brechas de capacidades al interior del sector público en todos sus niveles (central, regional, local) no pueden citarse como eventos no advertidos. Estas forman parte del contexto y de las lecciones aprendidas de procesos de atención a desastres previos, sobre los cuales hay experiencias documentadas. Justamente, frente a ello, la ARC propuso seguir un principio de subsidiariedad en la asignación de responsabilidades en la ejecución, donde el nivel de Gobierno más cercano al ciudadano (gobiernos locales) era el responsable de la ejecución. Solo ante la eventual falta de capacidades la iniciativa quedaría a cargo del nivel inmediatamente superior hasta escalar a la ARC en casos excepcionales. Este esquema fue el mecanismo propuesto para superar deficiencias locales. Debemos entender, entonces, que el mismo ha fracasado.

Cuarto, los intereses políticos que se construyen alrededor de la reconstrucción no están siendo manejados. Es ahí donde surge la necesidad de que la institución a cargo tenga cierta capacidad de maniobrar no solo técnica sino, sobre todo, políticamente. Al respecto, al no ser la ARC una autoridad elegida, dicha capacidad de maniobra depende críticamente de la capacidad del Gobierno que la ha empoderado y de la legitimidad de este. Si es que estas condiciones básicas no las puede proveer el Ejecutivo de manera autónoma, no hay más alternativa que buscar consensos más amplios.

En resumen, el proceso de reconstrucción viene retrasado y lo ocurrido la semana pasada no mejora dicho panorama. Creemos que la consecuencia inmediata es un retraso en el cronograma de unos seis meses, moviendo toda la etapa de ejecución hacia fines de 2018 y, sobre todo, de 2019. Esto último es una mala noticia para el país, principalmente para el norte.

No obstante, los cambios siempre son oportunidades y existen importantes espacios de mejora por aprovechar. Al respecto, creemos que el diseño institucional de la ARC debe mantenerse, pero con mejoras claras a nivel operativo que, a corto plazo, pueden profundizar las iniciativas de asistencia técnica hacia las autoridades y, a mediano, la simplificación del proceso de contrataciones. Asimismo, con acuerdos políticos por lo menos puntuales en este tema, que permitan que el empoderamiento y legitimidad de la ARC sea efectivo y funcional a su mandato. Directamente, que la ARC asuma sus funciones como unidad ejecutora (posibilidad establecida en la Ley) puede ser la mejor salida, en medio de elecciones municipales y regionales a fines de 2018. Ninguna autoridad local con la que se llegue a acuerdos estará presente el 2 de enero de 2019.

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