Editorial: Presión tributaria, poco cuero para tanta correa

El crecimiento de la clase media en el país eleva la demanda de servicios públicos de calidad. Sin embargo, la baja presión tributaria no permite generar una oferta a la par.

La estructura económico-social del Perú ha cambiado significativamente en las últimas décadas: de tener a finales de los ochenta más de la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza o pobreza extrema, hoy somos un país con una clase media dominante. Así lo reconoce el Banco Mundial, que incluye al Perú dentro del grupo de países de ingresos medios.

Una de las consecuencias más importantes de este cambio tiene que ver con las demandas que la creciente clase media le hace al Estado. Entre las principales, exige más seguridad, especialmente frente a la delincuencia; mejor educación, a la que ve como un medio para el progreso; un sistema de salud asequible y de calidad; y, en general, un Estado más cercano que la proteja y atienda.

Lamentablemente, los gobiernos que se han turnado el poder en estas décadas han fracasado al atender estas demandas. Todos terminaron con nota negativa, a pesar de haber comenzado sus respectivas gestiones con sólido apoyo popular. Si bien hay razones particulares que explican parcialmente esos fracasos, el factor común ha sido la limitada cantidad de ingresos tributarios con la que contaron, incluso en los casos de gobiernos que, durante el boom de la minería, acumularon superávit fiscales.

La presión tributaria que corresponde a un país de ingresos medios está entre el 25% y 30% del Producto Bruto Interno (PBI). De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sus miembros, que incluyen países desarrollados y de ingresos medios, tuvieron en 2015 una presión tributaria promedio del 34.3% del PBI. América Latina y El Caribe, 22.8%; y Perú, 17.1%. Esta estadística incluye contribuciones a la seguridad social. Si esta se excluye, se concluye que Perú tuvo una presión tributaria del 15% del PBI en 2015, la que se ha reducido este año a 13.6%. En su mejor momento, en el pico del boom de precios de los minerales de 2012, llegó al 17.2% del PBI.

Lo anterior quiere decir que mientras el país califica económicamente como uno de ingresos medios, el Estado peruano es fiscalmente pobre. Para tener una idea de la gravedad de esta situación, es bueno notar el compromiso que se adoptó hace 15 años, cuando se creó el Acuerdo Nacional: tener un presupuesto para el sector educación equivalente al 6% del PBI. Si a ello se añade otro 6%, que también reclama el sector salud para cumplir los objetivos que se le han asignado, y otro 6% que pide el Poder Judicial para mejorar la administración de la justicia, tenemos demandas de tres sectores que ya superan la recaudación máxima total lograda.

La razón de fondo detrás de este comportamiento de la recaudación tributaria ha sido la poca atención que sucesivos gobiernos han puesto en el desempeño de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Dicha institución, luego de un inicio esperanzador, ha venido perdiendo su capacidad para aumentar la base tributaria e impedir la evasión en el pago de los tributos. Es más, si se elimina el efecto del impuesto a la renta (IR) minero, se comprueba que durante los años de aumento de la presión tributaria cayó la eficiencia de la Sunat para recaudar el resto de tributos. Como resultado, el país ha venido experimentando dos comportamientos que se oponen: por un lado, los gobiernos en respuesta a las demandas de la población han aumentado la cobertura de los servicios públicos, especialmente en educación y en salud, que son gratuitos y universales. Por otro, el Ministerio de Economía y Finanzas, consciente de lo exiguo de los recursos, ha comprimido las remuneraciones de los empleados públicos y limitado el crecimiento de los otros gastos corrientes. Las consecuencias de esta asimetría han sido servicios públicos de mala calidad, descontento entre los empleados públicos y un contexto que propicia la corrupción a todos los niveles. En última instancia, la población se ve afectada por la mala calidad de los servicios que le proporciona el Estado, lo que lleva al descontento y a la desconfianza en la clase política y sus instituciones.

Esta situación requiere solución urgente y rápida. La primera condición para avanzar es que el Gobierno y los políticos reconozcan que una de las más importantes y urgentes reformas que el país necesita es una tributaria y de fondo, que permita alcanzar una coherencia entre nuestra condición de país de ingresos medios con su presión tributaria. Para lograrlo se requiere volver a simplificar la legislación a fin de facilitar la supervisión y la detección de evasores; eliminar los mecanismos ineficientes que le imponen a las empresas una función de recaudación; y poner el peso de la acción de la Sunat en ampliar la base de contribuyentes.

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