Editorial: Lava Jato en Perú, la trama se complica

Las últimas informaciones sobre el caso Lava Jato pueden producir el desprestigio total de la clase política y erigir candidatos antisistema.

El terremoto político que causó la investigación Lava Jato en Brasil tardó en hacerse presente en nuestro país. Sin embargo, desde hace pocos días se sienten vibraciones que podrían estar anunciando la llegada de este temido sismo.

Se ha filtrado a la prensa información proporcionada por Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora que lleva su nombre, que supuestamente estaría involucrando al Presidente de la Republica, Pedro Pablo Kuczynski: habría un pago de honorarios por asesoría a su empresa y aportes a su campaña electoral. Odebrecht también habría señalado a Keiko Fujimori como receptora de aportes para su campaña electoral.

Si bien esta información no es oficial, no aporta pruebas y ha sido negada por los dos involucrados, tiene consecuencias que vale la pena analizar. Para empezar, hay que señalar que por primera vez se involucra a un Presidente en funciones y a la líder del partido político que tiene la mayoría parlamentaria y seria candidata para las próximas elecciones. Mientras estas acusaciones no sean aclaradas por la autoridad competente (el Poder Judicial), tienen consecuencias políticas muy importantes a corto y largo plazo. En lo inmediato, debilitan al Presidente Kuczynski y reducen su capacidad para gobernar, lo cual debe tener impacto negativo sobre su actividad política y el ritmo de la actividad económica. Mirando más adelante y teniendo en cuenta que dos de los antecesores de Kuczynski están, uno en la cárcel como medida preventiva y otro con orden de captura internacional y con trámite de extradición, los acontecimientos que se están viviendo constituyen un serio cuestionamiento a la clase política actual, lo que abre las posibilidades para la asunción al poder en las próximas elecciones de políticos antisistema.

En segundo lugar, hay que señalar que a diferencia de Brasil, donde el Poder Judicial lideró con eficacia y transparencia una investigación que a corto plazo dio con alrededor de cien políticos y empresarios en la cárcel, en nuestro caso la actuación de la Fiscalía y el Poder Judicial han sido diferentes y dejan mucho que desear. Hay una evidente lentitud, lo que raya en la desidia y está llevando a que sean acusados de parcialidad. La investigación propia ha dado resultados casi nulos, ya que toda la información con la que se cuenta es resultado de la cooperación con las autoridades de Brasil o de Estados Unidos. Para dar un ejemplo, luego de más de un año no se concreta la colaboración de Jorge Barata, el representante de Odebrecht en el Perú, quien podría aportar pruebas para concretar acusaciones. Además, la actuación de fiscales y jueces involucrados, en su mayoría, ha sido sin suficiente transparencia y proclive a la búsqueda de la exposición mediática. Como consecuencia de esta actuación, carecen de credibilidad y están lejos de garantizar una solución justa y más bien, hacen temer que Perú pierda la oportunidad histórica de dar un golpe mayor a la impunidad.

Es claro que los efectos de estos acontecimientos sobre el desenvolvimiento económico son negativos. Sin embargo, los impulsos al crecimiento que aportan las condiciones externas favorables que recibimos, junto con las políticas económicas que están en ejecución, son suficientemente fuertes como para permitir absorberlos. La inestabilidad política afectará el ritmo de la inversión privada, pero dado el salto que ha dado recientemente el índice de expectativas empresariales que elabora el Banco Central de Reserva del Perú, el efecto negativo debería ser más bien marginal. Más negativa puede ser la eventual rebaja, de persistir la incertidumbre política, de nuestra calificación actual de Grado de Inversión, porque   elevaría las tasas de interés; sin embargo, esto también debería ser absorbido sin cambiar la tendencia actual de aceleración del crecimiento económico.

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