Editorial: La revolución social de PPK y los retos del Congreso

La creciente clase media en nuestro país exige servicios públicos de calidad. Debemos incrementar los ingresos fiscales para poder proveerlos.

El crecimiento económico que experimentó el Perú en las últimas décadas contribuyó a reducir la grave situación de tensión social que se acumuló durante las décadas previas, en las que prevalecieron políticas económicas heterodoxas, estatistas y populistas. Son notables la reducción de la pobreza y pobreza extrema, que en el pasado alcanzaron niveles inaceptables y, en general, la mejora que se observa en gran parte de los indicadores sociales. Sin embargo, la tensión social se mantiene, en parte, porque aún existen peruanos marginados del progreso pero, sobre todo, porque la clase media que ha surgido, que ya es mayoritaria, exige servicios públicos de calidad que, lamentablemente, no le son provistos.

El Presidente Pedro Pablo Kuczynski ofreció resolver este problema y, siguiendo esta línea, el ex Ministro de Economía, Alfredo Thorne, nombró una Comisión de expertos con el encargo de presentar una propuesta de reforma social en los campos de pensiones, salud y desempleo. El informe de esta Comisión, dado a conocer hace pocos días, no ha tenido una recepción muy auspiciosa. Por un lado, el Ministerio de Economía parece haber concluido que en la situación tributaria actual no puede apoyar una reforma que tiene un costo fiscal alto (entre 2% y 3% del Producto Bruto Interno, PBI, cuando esté plenamente en ejecución). Por otro, ha recibido también, desde diversas fuentes, críticas sobre aspectos puntuales.

Al margen de nuestra opinión sobre la propuesta misma, que daremos más adelante, consideramos que es importante que se haya iniciado un debate sobre esta importante reforma, ya que su realización es necesaria y cuanto antes mejor. La creciente insatisfacción de la población con la calidad de los servicios públicos que recibe se traduce en descontento, y este en la rápida erosión del respaldo que otorga a cada nuevo gobierno, en la medida que no mejora esta situación. Como consecuencia, se contribuye así a la permanente inestabilidad política que vivimos.

Para avanzar en la dirección de estas reformas, creemos necesario señalar lo siguiente: si bien es cierto que el contexto tributario actual no permite financiar ninguna reforma relevante, esta limitación no justifica dejarlas de lado, es más bien el argumento de mayor peso para exigir una actuación rápida y radical. Esta situación ya la analizamos en Editorial anterior, cuando señalamos la paradoja: tener una población en su mayoría de ingresos medios y un fisco de país pobre.

Debemos señalar que cuando la población le exige a los sucesivos gobiernos mejores servicios públicos, no está implicando que deban ser provistos por el Estado. De acuerdo con nuestra Constitución, el Estado tiene un rol subsidiario, en consecuencia debe proveer directamente un servicio solo cuando el sector privado no está en condiciones de hacerlo. En la misma dirección y en aras de la eficiencia, debería poner énfasis en la participación de mercados competitivos, antes que en sistemas administrativos – burocráticos.

Hasta ahora el Congreso se ha mantenido al margen, tal vez esperando que la iniciativa del Ejecutivo se tradujera en un proyecto de ley. Como esto no va a suceder, le corresponde asumir su responsabilidad y avanzar en la discusión y formulación de modificaciones a lo presentado o de una propuesta propia. Hasta el momento su récord en este campo no es bueno, ya que por lo general ha permitido que propuestas técnicamente coherentes sean distorsionadas por la participación de intereses particulares. Ahora que un solo partido controla el Congreso, la bancada de Fuerza Popular tiene la oportunidad para asumir con responsabilidad la realización de estas reformas. Esto implica asumir dos tareas paralelas: la reforma social y la tributaria, sin la cual la primera no es realizable.

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