Editorial: Igualdad ante la Ley

El accionar reciente de las autoridades judiciales de nuestro país nos hace ser optimistas respecto a que se alcanzará justicia en el caso Lava Jato.

Hace casi un año que la operación Lava Jato expuso la extensión que la corrupción había alcanzado en nuestro país. Como dijimos en el editorial de ese momento, la gravedad de los hechos nos daba la oportunidad de acabar con la impunidad con la que actúan los corruptos, lo que traería beneficios duraderos al disuadir actos similares. Sin embargo, advertíamos que, si fracasábamos en la identificación, juicio y castigo a los corruptos, el país iba a sufrir una frustración mayor y extenderían y ahondarían aún más las prácticas corruptas.

En el tiempo transcurrido, se ha avanzado poco. Lo que se ha logrado ha sido, fundamentalmente, por el aporte de información proveniente de fuera del país. Más bien, hasta hace pocos días se presenciaron pocas acciones o la falta de ellas, que no llevan al optimismo. Destacan las posiciones antagónicas en la Fiscalía, a favor y en contra de obtener la colaboración de Jorge Barata, que puede corroborar parte de la información que ha llegado de Brasil y Estados Unidos. Hace unos días recién se resolvió avanzar en esa dirección, con la decisión del fiscal Germán Juárez de archivar la denuncia en contra del empresario brasileño. Se nota también por el sesgo de las investigaciones, que parece haberse concentrado en la financiación por parte de Odebrecht a las campañas electorales. Esto puede configurar un delito comparativamente menor (se concentra exclusivamente en la clase política), dejando de lado los sobornos de esta y otras empresas brasileras para obtener contratos y elevar los costos de las obras en ejecución, donde se encuentra el meollo de la corrupción. Esta involucra, por el lado de los corruptores, a los empresarios, nacionales y extranjeros que han tomado parte, así como a sus colaboradores; y por el lado de los corruptos, a los gobernantes, autoridades y funcionarios que participaron. Esto, sin descartar que haya existido una política de estado por parte de Brasil para que sus empresas se posicionen en Perú.

En el curso de la semana pasada, se han dado pasos para recuperar algo de optimismo, con las acusaciones hechas contra empresarios nacionales, como supuestos cómplices de Odebrecht en la obtención del contrato para la construcción de la carretera Interoceánica. Esto ha determinado la cárcel con carácter preventivo para cuatro empresarios nacionales, entre ellos José Graña Miró Quesada, líder de la empresa constructora más grande del país. Las acusaciones contra los socios nacionales de la empresa brasileña eran largamente esperadas y la decisión de aplicar la cárcel preventiva, que consideramos muy discutible como práctica, sí es, sin embargo, consistente con el encarcelamiento del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.

Las consecuencias del paso que ha dado el sistema de justicia son muy importantes, en primer lugar, para ayudar en el proceso mismo de investigación y recolección de pruebas. El encarcelamiento de empresarios de alto nivel es algo inusual, por lo que lo sucedido debería facilitar la colaboración de funcionarios de segundo nivel que participaron en estos y otros actos ilícitos.

Para las empresas involucradas hay también consecuencias importantes, porque ahora enfrentan un entorno severo, en la medida que se van a extremar las condiciones negativas para operar. Con alta probabilidad, van a tener dificultades para obtener nuevos contratos de operación, públicos y privados, se les va a cerrar, por lo menos parcialmente, el acceso al crédito, incluido el de sus proveedores, y van a perder parte de su personal técnico. En consecuencia, su futuro estará determinado por la solidez financiera y de capital que tienen en estos momentos para sortear el mar bravo que atravesarán.

Dada la importancia que estas empresas tienen en el sector construcción y, sobre todo, los contratos que tienen vigentes, sus dificultades para operar se van a reflejar en una pérdida de dinamismo del sector construcción, que se viene recuperando con notable fuerza. Este efecto, sin embargo, no debería ser prolongado porque otras compañías podrían tomar su lugar.

Para el sector privado, el efecto debería ser también importante. Como hemos señalado con anterioridad, la corrupción tiene efectos negativos profundos y extendidos sobre las empresas privadas que no pueden competir con las corruptas, no solo en los proyectos públicos, sino en general, en la medida que al establecer relaciones ilícitas con funcionarios y autoridades, las corruptas adquieren ventaja para la obtención de licencias, permisos y otros. Por ello, se debería esperar una reacción vigorosa en contra de la corrupción y a favor de que se haga justicia. Una primera muestra se ha dado en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) que tuvo lugar en Paracas la semana pasada, donde se adoptó, a pedido de Óscar Espinosa, Presidente de Ferreyros, una iniciativa en contra de la corrupción “Tolerancia cero a las coimas”.

Editorial: Igualdad ante la Ley