¿Desregulación “procíclica”?

Por: Gonzalo Ruiz

Fuente: Diario Gestión

La crisis subprime del 2008, puso al descubierto una serie de vulnerabilidades del sistema financiero norteamericano así como de su sistema regulatorio. La Ley Dodd-Frank aprobada en el 2010 buscó corregir estas debilidades y con ello prevenir que se repitan episodios similares.

Entre las principales medidas adoptadas destacan la creación de Consejo Supervisor de la Estabilidad Financiera (CSEF) que evalúe y supervise aquellos bancos y fondos de cobertura considerados “importantes” por su tamaño relativo (“too big to fail”), estableciéndole mayores requerimientos de provisiones o reservas. También se establecen disposiciones que buscan prevenir que los bancos inviertan los recursos de sus ahorristas en fondos en los que son propietarios, evitando con ello potenciales conflictos de interés (a esta regla se le denomina “Regla de Volcker”). Asimismo, la norma establece regulaciones especiales que brindan mayor transparencia en los mercados de derivados y en las operaciones de los hedge funds, introduce regulaciones a las agencias de calificación crediticia así como también a las compañías de seguro. Por último, la norma fortalece los derechos de los usuarios del sistema exigiendo se les brinde mayor información sobre los servicios que se brindan y estableciendo controles sobre los cargos por tarjetas de crédito, débito, entre otros. Para la supervisión de estas obligaciones se crea el Bureau de Protección al Consumidor Financiero (BPCF).

Diversos expertos coinciden en que a casi 7 años de vigencia de la Ley Dodd-Frank el sistema financiero norteamericano se ha visto fortalecido y gracias a ello los bancos norteamericanos se encuentran en mejor posición para enfrentar una eventual crisis. Sin embargo, en junio de este año, el Gobierno de Trump ha propuesto al Congreso una iniciativa que busca relajar los controles establecidos por dicha Ley, a través de una iniciativa denominada “Financial Choice Act” (FCA). Economistas destacados, incluida la propia Janet Yellen, Presidenta de la Reserva Federal, se han manifestado en contra de la iniciativa.

Es interesante observar que quienes defienden la FCA, aseguran que los bancos y entidades financieras norteamericanas se han capitalizado significativamente en los últimos años y que, por ello, no se requieren más controles; mientras los que se oponen, aseguran que dicha fortaleza es precisamente consecuencia de los cambios regulatorios introducidos por la Ley Dodd-Frank.

La iniciativa de la administración Trump busca reducir los requerimientos de reservas y relajar la aplicación de la “Regla de Volcker” para los bancos pequeños. Adicionalmente, la nueva administración considera que las normas a favor de los consumidores han encarecido el acceso al crédito y desincentivado la innovación, planteando eliminar el BPCF, entre otras medidas. Si bien algunos aspectos de la Ley Dodd-Frank son perfectibles, buena parte de las medidas propuestas por la FCA representan un retroceso en la regulación prudencial del sistema financiero norteamericano.  Una característica de este tipo de regulación es que la sociedad sólo reconoce su importancia, cuando ya la crisis se ha desatado; mientras en épocas de bonanza, como ocurre hoy en Estados Unidos, la consideran innecesaria y un freno al crecimiento.

¿Desregulación “procíclica”?